Canarias

Repsol, Imaz, sentido común

Articulo publicado el 8 de mayo de 2014, jueves, en Diario de Avisos.

Dentro del giro mayúsculo que están experimentando los acontecimientos del proyecto petrolero de Repsol en aguas cercanas a Canarias, con un derrotado evidente, el ministro Soria, y un ganador igual de obvio, el interés general del Archipiélago, hay otros movimientos que apuntan a un planteamiento más razonado y razonable de esta cuestión. Uno de ellos afecta incluso a la cúpula de la propia multinacional, tras el reciente nombramiento de Josu Jon Imaz como consejero delegado de la misma. El expresidente del PNV, en la actualidad presidente de la filial vasca de Repsol, Petronor, fue un verso suelto de la política en la mejor definición del término. Renunció a las ambigüedades propias de su partido en la repulsa al terrorismo de ETA, y llegó tan lejos en el esfuerzo reformista del nacionalismo vasco que su predecesor, el inmovilista Xabier Arzalluz, terminó por urdir una maniobra para sacarlo de aquel despacho, aun a costa de colocarlo en otro del ámbito privado, una jaula de oro desde la cual Imaz ha contemplado cómo uno de sus aliados, Íñigo Urkullu, alcanzaba primero el poder en el PNV y más tarde el cargo de lehendakari. Esta clase de detalles son importantes porque definen el perfil del nuevo lugarteniente de Antoni Brufau al frente de Repsol: un tipo dialogante, que entiende el hecho autonómico, militante de un partido que ya ha tenido que posicionarse sobre un proyecto de explotación de hidrocarburos en su territorio. El Gobierno del País Vasco ha autorizado la extracción de gas de pizarra en su subsuelo, incluso mediante la controvertida técnica del fracking, pero lo ha hecho sentando ciertas bases elementales que se parecen mucho a los argumentos expuestos hace unos días por Paulino Rivero ante Mariano Rajoy: estos temas se debaten ampliamente, tanto políticamente como ante la sociedad, y no valen las prisas ni las decisiones unilaterales; y, en todo caso, los beneficios colectivos deben quedar muy claros, no en las nebulosas que tanto le gustan al ministro de Industria y aún líder del PP canario. Repsol, por boca de su presidente, se equivocó de plano al llevarse por Soria y venir a las Islas con la actitud del caudillo colonizador. Líderes con la calidad intelectual de Josu Jon Imaz recibirán, o eso esperamos algunos, el encargo de corregir tanto desafuero en beneficio de la legalidad, del Estado de Derecho, de la participación y del interés público. Es sencillo de entender, y ayer quedó claro en el debate del Senado; el PP, tras anunciar oficiosamente un acuerdo para la suspensión de los sondeos, se echó atrás y sufrió una quiebra en su unidad de voto. Pero, le guste o no a José Manuel Soria, sus presiones no irán demasiado lejos.

Un REF para todos

Artículo publicado el 7 de mayo de 2014, miércoles, en Diario de Avisos.

La reforma del REF que el Gobierno canario ha liderado durante los últimos años toma cuerpo, ya con el beneplácito del Ejecutivo central, lo que quizá pueda molestar a alguien, pero está dentro de la lógica de la buena colaboración entre personas responsables. Es el saldo de la reunión reciente entre Paulino Rivero y Mariano Rajoy. Y además la reforma camina en la dirección adecuada, la que nos lleva a considerar el fuero canario como una herramienta útil para la economía real, no para sectores ni agentes concretos. Si alguna losa ha pesado sobre la normativa aprobada en el ya lejano 1994 es su condición de ley selectiva, porque el ciudadano medio de las Islas terminó por concluir, y con cierta razón, que aquello del REF era cosa de potentados. La Reserva para Inversiones, por ejemplo, permitió la autofinanciación empresarial durante los años de bonanza, pero no diversificó la economía ni sirvió posteriormente como instrumento anticrisis, pues simplemente no había beneficios que deducir. Una reforma como la que está en curso, que pone el acento en la pequeña empresa y la creación de empleo, supone un elemento más a favor de la democratización del mercado, de la expansión de las oportunidades y el estímulo a la creatividad, porque nuestro tejido social necesita no menos empresarios, sino más, aunque también debe combatir los intereses creados y los oligopolios enquistados, aquellos que no quieren que nada cambie. En busca de la tan necesaria internacionalización de la economía regional, aparece la novedad de una bonificación fiscal para quienes inviertan en África, pero no desde la perspectiva de la deslocalización de grandes corporaciones, sino del apoyo a los emprendedores: una medida destinada a pymes que abran en los países de nuestro entorno y amplíen sus plantillas en las Islas, precisamente por las nuevas oportunidades que ofrece el escenario cercano, y no al revés. También se afirma, y con razón, que Canarias no es lo suficientemente atractiva para la inversión foránea, lo cual tiene que ver con la Zona Especial y la incertidumbre sobre la durabilidad de sus incentivos. Y aquí el nuevo REF también experimenta un gran avance: extensión de los incentivos fiscales hasta el año 2030, posibilidad de inscribir sociedades ZEC hasta 2020, eliminación de los límites al incentivo fiscal (se paga el 4% de impuestos) siempre que se generen más de cincuenta puestos de trabajo en las Islas, supresión de los límites físicos para establecer una empresa, etcétera. Hay cosas que se quedan en el tintero, como las bonificaciones a la Seguridad Social, una batalla que Canarias deberá seguir librando para disponer de un marco más centrado en la economía del futuro, que por necesidad tendrá que ser una economía inclusiva, es decir, para todos.

La RIC y el no relato del PP

Artículo publicado el pasado 21 de marzo, viernes, en Diario de Avisos.

El PP de Canarias tiene un gran problema: su ausencia absoluta de relato sobre los desafíos estratégicos de esta tierra. Esto no ocurre porque en sus filas falten personas eminentes con muchísimas cosas que aportar. Ocurre porque cuando es uno quien decide que tiene que pensar por todos, entonces se produce una automutilación argumental en toda regla. El problema se agrava cuando ese líder supremo, que en este caso es José Manuel Soria, trabaja en función de sus propias ocurrencias, juegos a la contra y compromisos poco claros con actores concretos. El último episodio esperpéntico tiene que ver con la idea, sacada de la manga a última hora, sobre la posibilidad de invertir en África las bonificaciones fiscales procedentes de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). El PP canario lo anunció a bombo y platillo, su diputado Miguel Cabrera lo criticó de inmediato y el ministro Montoro lo ha dejado en veremos, seguramente consciente de la metedura de pata perpetrada por su compañero (pero no precisamente amigo) en el Consejo de Ministros. El Gobierno de Canarias, que trabaja los asuntos con un poco más de seriedad y perspectiva, se ha apresurado a fijar una posición que se defiende por sí sola: los beneficios fiscales para África hay canalizarlos a través de la herramienta de la deducción por inversiones, y no de la RIC. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Pues muy importante. La RIC es un fondo nacido en el ahorro fiscal (se deja de pagar Impuesto sobre Sociedades hasta el 90% del beneficio no distribuido) que luego hay que colocar en inversiones varias; es decir, tengo un dinero que no he pagado a Hacienda y debo decidir dónde lo destino, sean inmuebles en Canarias o deuda pública (¿española?, ¿africana?). La filosofía de la deducción por inversiones es la opuesta: tengo un proyecto de inversión concreto y quiero saber qué incentivos fiscales recibo por ese dinero que inyecto en el tejido productivo real, también para el caso de impulsar la internacionalización de la economía canaria, algo que nos hace mucha falta por cierto. Y, claro, esta sí es una medida muy positiva para desarrollar la inversión en el continente vecino, porque tiene que ver con la economía real, no con esa ingeniería financiera que, por su abuso, ha deteriorado la imagen de una herramienta también útil, pero muy mal utilizada, como es el caso de la RIC. Todo lo señalado es bastante sencillo de entender, y se suponía que el PP canario estaba en la misma línea de sensatez respecto a la reforma del Régimen Económico y Fiscal del Archipiélago. Se suponía, claro, hasta que alguien se empeñó en enredarlo todo.

Trampas en el Constitucional

Artículo publicado el pasado 27 de febrero, jueves, en Diario de Avisos.

La ordenación del territorio y el turismo son competencia reservada a las comunidades autónomas, tal y como deja claro, en el caso canario, nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 30. Esta cuestión jamás ha sido discutida por nadie en el ámbito político, por una elemental cuestión de sensatez. Esta regla tan simple salta por los aires cuando el Gobierno del Estado opta por la munición gruesa del recurso al Tribunal Constitucional y lo hace solamente porque no está de acuerdo con una ley autonómica aprobada en estricto cumplimiento del margen competencial propio. Se podría afirmar que el Ejecutivo del PP quiere recurrir una ley vigente, la de renovación turística, porque al ministro Soria no le gusta su contenido. Y perdido el debate en el Parlamento de Canarias pretende alterar el resultado por la vía de un recurso ante el Constitucional. Esto, claro está, lo puede hacer el Gobierno central, porque es la propia Ley Fundamental la que se lo permite, en su artículo 161.2: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”. Esta disposición hay que entenderla en el contexto receloso del año 1978, cuando los padres fundadores de nuestra joven democracia articularon, e hicieron bien, un sistema de contrapesos destinado a mediar entre dos ámbitos, estatal y autonómico, potencialmente conflictivos. Pero nada de esto tiene que ver con las actuales pretensiones del ministro Soria, que ha emprendido un camino muy peligroso, el del boicot por elevación de toda normativa autonómica que no sea de su agrado. Esto es muy lesivo para los intereses generales de Canarias, porque genera una importante inseguridad jurídica en un ámbito, el turístico, en el que todos nos jugamos mucho. Así lo han advertido responsables del empresariado canario, de las dos provincias por cierto, porque la ley de renovación turística tampoco tiene que ver con ese fantasma azuzado cada cierto tiempo y que responde al nombre de pleito insular. Esta ley es, dicen, intervencionista. Bien, ¿y qué? Cualquier normativa sectorial interviene de un modo u otro en el ámbito de actividad que pretende regular, y no por ello son recurridas en el Constitucional. Para los escépticos, baste citar un ejemplo clamoroso: la Ley de Directrices es aún más intervencionista, pero sin embargo el PP no la recurrió por atentar contra la libre competencia. De hecho hizo una cosa muy distinta: la votó a favor.

González Pons y el petróleo

Artículo publicado el pasado día 3, lunes, en El Huffington Post.

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, aplicó el pasado domingo un rejo mortal al proyecto petrolero de José Manuel Soria en aguas cercanas a Canarias. Lo hizo con frases contundentes, referidas a los sondeos con idéntico fin que, según el propio PP, ponen en riesgo el medio natural y las actividades turísticas en la Comunidad Valenciana y Baleares. Ojo, es un destacado dirigente de la calle Génova el que pronuncia palabras como estas: “Probablemente hay petróleo en el Golfo de Valencia, pero es mejor no saberlo, porque si algún día alguien va a buscarlo, ese día acabará el turismo en la Comunidad Valenciana y Baleares”. Y ahora, que venga el ministro de Industria, y de su mano sus lugartenientes conservadores en nuestro archipiélago [Canarias], a afirmar que en realidad la extracción de crudo es muy buena para el turismo. Lo cierto es que es el propio PP el que se ha ubicado en una posición indefendible, porque quieren para Canarias lo que rechazan de plano en otros territorios de España. Tramitan unas autorizaciones chapuceras pergeñadas a toda prisa y encima pretenden impedir que la sociedad de las Islas emita libremente su criterio sobre un asunto de indudable carácter estratégico. Pero aunque al pueblo canario se le pretenda excluir de este debate, hay algunos que sí se pronuncian, y su alegato, como ocurre con el ejemplo de González Pons, es muy elocuente. Hay más casos. Simón Pedro Barceló es un destacadísimo empresario turístico de Baleares, cabeza visible de un grupo con importantes intereses en todo el mundo, Canarias incluida. No se puede decir que sea un ecologista fanático ni se conoce nada sobre su afiliación a Greenpeace, pero sí es conocido que estuvo en política y fue senador, en las filas, claro, del PP. Hace un par de años le escuché una conferencia en Tenerife, en abierta y entusiasta defensa de las recetas económicas aplicadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero en este asunto del petróleo ha hablado muy claro, en contra de las prospecciones, con un mensaje tan nítido como el emitido por otros portavoces muy cualificados del empresariado turístico balear, caso de, ahí es nada, Carmen Riu, Miguel Fluxá y Sebastián Escarrer. Ha quedado claro el criterio de lo más granado de la aristocracia turística española, y, obviamente, a partir de ahí lo que vale para Ibiza tiene que valer para Fuerteventura y Lanzarote. José Manuel Soria se ha quedado solo, con la escasa pero calurosa ayuda del propio beneficiario del invento, es decir, de Repsol. ¿A qué esperan los dirigentes del PP canario para seguir la senda que González Pons acaba de marcar?